Un fallo de importante valor simbólico
El fallo dictado por la Corte Suprema en relación con la paralización de las obras del proyecto Egaña Comunidad Sustentable —conseguida de manera extemporánea por vecinos de la comuna de Ñuñoa, fuertemente apoyados por su alcaldesa— es un paso trascendente para la resolución definitiva del conflicto planteado.
Se trata de un proyecto con una inversión de US$ 300 millones, que había obtenido su resolución de calificación ambiental, aprobado y pagado su permiso de construcción, y con un tercio de inversión ya efectuada, respecto del cual fue acogido a trámite un reclamo acerca de la sombra que proyecta la obra. Ello condujo a que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la RM rechazara el proyecto, en un fallo sin argumentos técnicos, pero coordinado ideológicamente por sus miembros a través de WhatsApp. Eso llevó al Servicio de Evaluación Ambiental a revertir lo anterior —¿por qué coexisten un Servicio de Evaluación Ambiental profesional y una Comisión de Evaluación Ambiental regional de carácter político, con criterios tan opuestos?—, lo que fue luego ratificado por el Tribunal Ambiental y ahora por la Corte Suprema.
En momentos en que el país requiere con urgencia reactivar la inversión, como lo ha indicado el ministro de Hacienda, y los inversionistas reclaman por falta de claridad en las reglas del juego, este fallo de la Corte Suprema tiene un valor simbólico importante, al devolver al cauce normal la forma en que opera la industria de la construcción. Sin embargo, la edil de Ñuñoa anunció que está a la espera de una resolución del SEA respecto de una solicitud de invalidación presentada semanas atrás.
La paralización de las obras por casi un año abrió una serie de dudas respecto del futuro de la industria, que este fallo resuelve solo de modo parcial, al no necesariamente implicar jurisprudencia definitiva. Lo que despeja las incertidumbres institucionales del futuro y permite que las inversiones fluyan es que la trayectoria de las distintas actividades que se lleven a cabo en el país se apeguen a su normativa, que las disputas sean resueltas por tribunales independientes, y que los fallos que estos dicten tengan consistencia en el tiempo.
Este caso ilustra el intento del oficialismo, o al menos de una parte de él, de reinterpretar la institucionalidad, o de refundarla según sus propias convicciones ideológicas —como quiso hacer la Convención en su momento—, introduciendo para ello resoluciones que se apartan del camino que dicta el Estado de Derecho, y que, en este caso, este fallo de la Suprema corrige. El Gobierno quiere retomar sus promesas de campaña, pero para ello debe asegurar que se haga dentro de la institucionalidad existente, sin volver a permitir que personeros que lo representan, como la Coeva en este proyecto, la vulneren.